Oficializan denuncia contra dirigencia del asentamiento “Tarijeños en Progreso”

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Se formalizó la denuncia contra los principales dirigentes del asentamiento "Tarijeños en progreso". El caso fue admitido por el ministerio público y fue derivado al fiscal de materia, Weimar Farfán, quien inició el proceso de investigación.
En la denuncia se identifica a un consorcio de abogados, quienes se habrían comprometido a realizar el saneamiento de los papeles, a sabiendas que el asentamiento no cumpliría con los requisitos exigidos por la Ley 247, para que el mismo sea reconocido.
La denuncia fue presentada contra: Deisi Ortega Galeán, Walter Víctor Tapia Torres, Santiago Gareca Romero, Miriam Paredes Vaca, Martha Colque Rua, Dianet Angélica Flores Flores, Ricardo Días Rocha, Cristian Marcelo Lazarte Calisaya y Santa Solano Ramírez.
Asimismo, se solicitó en la denuncia que se pueda notificar para su declaración como testigos a los abogados: Rosmery Ruiz Martínez, Wilfredo Urbano y Marco Castillo, quienes estarían realizando el cobro de Bs. 3.500 para sanear los terrenos.
“Esta denuncia tiene que ver con la venta de solamente 6 hectáreas, que es denominada por los propios denunciados como fase 5 del asentamiento Pampa Galana, que ingresaron al lugar en la gestión 2010; se ha cobrado a cada persona que ha ingresado a dicha fase, la suma de 3.500 $us y en otros casos 4.000 y 6.000 $us por un terreno de 500 metros cuadrados”, señaló uno de los denunciantes.
“Hemos calculado que han recaudado más de 350.000 dólares por la venta a título de inscripción de cien lotes de terreno”, acotó un denunciante. Añadió que estarían cobrando otras cantidades de dinero supuestamente para el aplanado del terreno, por lo que estiman que la cantidad de recursos económicos recaudados estarían llegando a los cerca de medio millón de dólares, cuyo destino se desconoce y deberá ser explicado por la dirigencia.
“Concretamente estas personas habrían organizado una asociación para cometer delitos y beneficiarse de forma privada de recursos", afirmó el denunciante.
Indicó que estas familias habrían sido engañadas, ya que se les habría indicado a estas personas que podrían sanear los terrenos y legalizar la compra a título de inscripción, a través de la Ley 247, para lo que incluso se habría citado un equipo de abogados dirigidos por la abogado Rosmery Ruiz Martínez, que estaría cobrando la suma de 3.500 bolivianos por familia.
“El ingreso a la fase cinco de Pampa Galana, ha sido recién el 2010, entonces no se cumple con el requisito de la Ley 247 que es 5 años de construcción habitacional permanente antes de la promulgación de dicha norma, no pagan impuestos no pagan servicios básicos nada, entonces nunca se podrá sanear a través de esta ley; sin embargo les mienten y les derivan a estos abogados, que también están cobrando excesivamente caro”, agregó.