Presunta víctima de avasalladores denuncia negligencia de fiscal

Descripción

Clara Mercedes Apaza Tórrez, presunta víctima de desalojo y despojo de su casa por parte de supuestos avasalladores, denunció que existiría negligencia por parte del fiscal de la División de Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, Javier Peñaranda, quien le prestaría poca importancia a la denuncia de la afectada.
SegúnApaza, ella habría comprado su terreno hace varios años atrás de personas que le ofrecieron solamente parte de los documentos de propiedad del terreno que adquirió, pero que de manera extraña, luego de algunos meses, aparecieron otras personas que con el pretexto de dicha propiedad estaba a nombre de otra persona.
La superficie del terreno es de 250 metros cuadrados y está ubicado en la calle Pichu Pichu, esquina Matsuyama Manzano “A” de la urbanización San Miguel de Patasirca, el cual, producto de la intromisión de varios supuestos avasalladores, fue finalmente despojado a su propietaria.
“Estoy desesperada, porque en todo este tiempo varias personas, supuestamente dueños de mi terreno, aparecieron y que por las averiguaciones que hice son grupos que están acostumbrados a este tipo de actividades, con la única intención de quitar tierras a personas humildes”, manifestó la afectada.
Producto de estas irregularidades, Clara Mercedes Apaza Tórrez acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde designaron su caso a la División de Propiedades, específicamente al fiscal adscrito a la instancia policial identificado como Javier Peñaranda, quién hasta el momento, luego de varios meses de ir y venir de la víctima, nada se ha podido hacer para que le devuelvan su propiedad.
Según la denuncia de Apaza Tórrez, en varias oportunidades que asistió a la oficina de la autoridad judicial, lo único que recibe como respuesta es que debe presentar testigos del hecho, que para la víctima es casi imposible de presentarlos debido a que temen a las represalias de los supuestos avasalladores, porque al margen de haber sido despojada de su casa, de manera constante, recibiría amenazas de agresión física a su personas, sus hijos y su esposo.
Luego de conocer el caso, EL DIARIO, con la intención de conocer su versión de los hechos, acudió a las oficinas del fiscal Javier Peñaranda, quien como respuesta dio una negativa de atención a la prensa y brindó un mal trato al periodista, ordenando que lo desalojen.