Denuncian probable protección de policías a asentamientos en Aranjuez a cambio de terrenos

Descripción

Calma tensa en el asentamiento de Aranjuez. “Yo no sé nada”. “Yo sólo trabajo aquí”, responden los vecinos afanados en sus tareas a lo largo de las 13 hectáreas que desde los primeros días de julio fueron ocupadas. En aquellos días se registraron violentos enfrentamientos, cualquier chispa puede encender de nuevo la batalla.
Un discreto desvío a la izquierda de la nueva avenida Integración y cinco minutos de camino ripiado nos adentran en una explanada a orillas del Guadalquivir, donde los toldos azules de primeros de julio han dado paso a edificaciones de ladrillo en construcción y una maraña de alambres de espino, tierra quemada y cartuchos de dinamita que se acumulan bajo los pies. Una improvisada parada de taxi trufis con salteñería incluida hace las veces de “tranca”, nadie mira, nadie responde, nadie sabe nada. Un estrecho camino divide dos zonas y un cartel que reza: “Alto, peligro” con una calavera en medio, da la bienvenida. “Identifíquense, no quieran entrar así nomás”, advierten tres mujeres apostadas tras una apertura del alambre.
Dos bandos se disputan la propiedad. De un lado, los afines a los herederos de la propietaria de la finca, Irma Wagner, del otro, los partidarios de dos de los trabajadores, Benito Ordóñez y Carlos Gutiérrez, que interpusieron un proceso de usucapión que todavía se ventila en los tribunales.
En julio, a machetazos, dirimieron sus diferencias, hace apenas dos semanas se escuchaban los dinamitazos desde el centro de la ciudad, pero nadie parecía saber nada entre las fuerzas del orden ni apareció en los reportes.
*¿Policías en los asentamientos?
Según una denuncia presentada al Comité de Defensa dela Propiedadpor los herederos de Irma Wagner y facilitada a este medio, 30 policías habrían firmado un contrato privado con Benito Ordóñez y Carlos Gutiérrez, mediante el cual se adquirieron tres hectáreas en el ex fundo de Aranjuez a razón de cinco dólares el metro cuadrado. “Un precio extraordinariamente barato para la zona”, señala Tamer Medina, asesor legal del Comité. Ordóñez y Gutiérrez se identifican en el documento como propietarios tras un proceso de usucapión, mismo que según Medina, no se habría dirimido.
“Si bien los policías no han firmado como policías, desde nuestro punto de vista, ellos han sido contratados por ser policías, por buscar protección, demuestra una forma más de cómo opera el mercado negro de tierras que ha sido organizado por los organizadores de asentamientos”, señala Medina.
Medina, al tiempo de señalar que Tarija es la ciudad donde más asentamientos se han creado en los últimos años, considera que es la inacción de la Policía la que ha facilitado la situación. “Otros propietarios donde hay asentamientos también dicen que es una estrategia de meter algunos policías, porque genera una inacción. Tal vez por eso se explicaría que en la mayoría de asentamientos no interviene, sino que su rol se limita a evitar enfrentamientos, cuando lo correcto sería, ante el conocimiento de un hecho delictivo, como sería resistencia a la autoridad, despojo, usurpación agravada, etcétera, la policía debería aprehender a los autores en flagrancia, para ponerlos a disposición de la autoridad competente a través de la figura legal de asociación delictuosa, porque el asentamiento no surge de la nada, sino de una dirigencia organizada. Llevan carpas, llevan palos, y tienen información de otras instituciones involucradas y dinamita, la tenencia de material explosivo también es delito, sin embargo esto no sucede”.
Medina señaló que en los próximos días, el Comité trasladará la pregunta al Comandante General dela Policía Boliviana para que den una respuesta institucional en este caso y en los que se han generado en la capital.