Áreas productivas no podrán ser urbanizadas por 10 años

Descripción

Las áreas productivas agropecuarias no podrán ser urbanizadas por 10 años, según dispone el Decreto Supremo 1809, del 28 de noviembre de este año. El objetivo es proteger y mantener las zonas productoras y así evitar los loteamientos.
Según el Ministerio de Planificación y Desarrollo Rural, los municipios deberán frenar el proceso de edificación en las áreas productivas, para lo cual deberán hacer una consulta al Ministerio de Planificación y Desarrollo Rural.
"Las áreas productivas agropecuarias urbanas no podrán ser objeto de cambio de uso de suelo ni urbanizadas en un plazo de 10 años a partir de la publicación del Decreto Supremo 1809”, establece el artículo 3.
El decreto en cuestión tiene por objeto aplicar mecanismos de resguardo de las áreas productivas, a fin de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía, expresa el artículo 1.
El Ministerio de Desarrollo Rural informó que esta norma establece un régimen legal que precautelará las áreas productivas, con el fin de que las tierras productivas no sean vulnerables a loteamientos ni avasallamientos.
"Por el momento no tenemos el plan nacional de ordenamiento territorial; estos 10 años son el plazo que nos daremos para reordenar el espacio territorial, no es un trabajo fácil y demanda bastante tiempo”, se informó en el Ministerio de Desarrollo Rural.
El artículo 2 de la norma señala que las "áreas productivas agropecuarias urbanas son espacios de uso agropecuario, piscícola o agroforestal, de extensiones influenciables y colindantes con urbanizaciones”.
Las áreas rurales de vocación productiva son las que tienen continuidad superficial y preponderancia para la seguridad alimentaria.
La nueva norma dice que, una vez cumplido el plazo, el cambio de uso de suelo o urbanización estará sujeto a una evaluación previa, mediante estudios técnicos que serán elaborados por las entidades competentes del nivel central del Estado.
El Ejecutivo argumenta que el artículo 14 de la Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria dispone que "a fin de garantizar la producción de alimentos, el nivel central del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, regulará el uso de suelos, protegiendo y velando por la conservación de áreas aptas para la producción agropecuaria”.
Se busca evitar así la expansión de poblaciones urbanas en detrimento de zonas productivas.
Asimismo, se identificarán las áreas de vocación productiva en zonas periurbanas, para permitir nuevos asentamientos humanos sobre superficies que combinen espacios de producción con habitacionales y que no perjudiquen la actividad productiva.
La norma será reglamentada por la Asamblea Legislativa.
La nueva norma
Justificación
Según el Decreto Supremo 1809, del 28 de noviembre de 2013, es necesario establecer mecanismos que permitan el resguardo y conservación de las áreas productivas en territorio nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía.
Bienes
La Ley 247 de Regularización de Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos -destinados a vivienda- señala que los gobiernos municipales deberán remitir al Ministerio de Planificación los documentos para la tramitación de la homologación de los radios urbanos, cuya sustanciación tendrá un plazo no mayor a tres meses, siempre y cuando se cumpla con los requisitos.
Productores piden normas más precisas contra avasallamientos.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) afirmó ayer que el Decreto Supremo 1809, que busca preservar a las áreas productivas del creciente proceso de urbanización, no tendrá gran impacto, porque para ese fin se deben promulgar normas contra los avasallamientos.
"Aunque haya el decreto, no sería de gran impacto ni comprometería la seguridad alimentaria; lo más triste y grave, que pone en riesgo la soberanía alimentaria, son los avasallamientos. Necesitamos una norma precisa contra ellos”, demandó el presidente de Anapo, Demetrio Pérez.

*** Texto del Decreto Supremo 1809:
ARTÍCULO 1. (OBJETO).
El presente Decreto Supremo tiene por objeto implementar mecanismos de resguardo de las áreas productivas a fin de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía.
ARTÍCULO 2.- (CATEGORÍZACIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS).
Para fines del procedimiento de homologación de la ordenanza o norma municipal que aprueba la delimitación de áreas o radios urbanos, se tomarán en cuenta las siguientes categorías:
a) Áreas productivas agropecuarias urbanas, son espacios de uso agropecuario, piscícola o agroforestal de extensiones influenciables y/o colindantes con urbanizaciones;
b) Áreas rurales de vocación productiva, cuyas características, tengan continuidad superficial y preponderancia para la seguridad alimentaria.
ARTÍCULO 3.- (PROHIBICIONES).
I. Las áreas productivas agropecuarias urbanas no podrán ser objeto de cambio de uso de suelo ni urbanizadas en un plazo de diez (10) años a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.
II. Una vez cumplido el plazo señalado en el Parágrafo precedente, el cambio de uso de suelo o urbanización estará sujeto a una evaluación previa sobre el uso y vocación productiva de estas áreas, a través de estudios técnicos que serán elaborados por las entidades competentes del nivel central del Estado.

***(05.12.2013) EL VETO A URBANIZAR ES BIEN VISTO POR LOS AGROINDUSTRIALES
El veto a procesos de urbanización de áreas agropecuarias urbanas para garantizar las políticas de seguridad alimentaria por 10 años dispuesto por el Gobierno en el decreto supremo 1809 fue bien recibido por los sectores agroproductivos.
A decir del presidente de la CAO, Julio Roda, esta disposición que congela por 10 años la urbanización de áreas agropecuarias, piscícolas y forestales tranquiliza, principalmente, a los avicultores, lecheros y cañeros que frente a la pretensión de las alcaldías de ampliar el radio urbano iba a perjudicarlos porque suponía un pago mayor de impuestos por el cambio de uso de suelo.
El decreto está orientado a resguardar las áreas productivas colindantes al radio urbano de los municipios.

***(10.12.2013) Presidenta de diputados, Betty Tejada, anuncia que se trabaja un proyecto de ley contra avasalladores que será una "ley dura".
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, anunció hoy que una comisión técnica de diputados se encuentra preparando una “ley dura” contra el avasallamiento de tierras, toda vez que se trata de una cuestión que debe ser resuelta a la brevedad posible.
“Por supuesto que tiene que ser una ley muy dura porque tiene que resolver esta problemática y por esto estamos previendo sanciones que contemplan penalidades con cárcel para los avasalladores” adelantó la autoridad.
Asimismo Tejada detalló que los diputados trabajan para que la normativa sea lo más efectiva posible, por lo que el proyecto de ley busca la concurrencia de autoridades de los distintos niveles de gobierno y las organizaciones relacionadas en la lucha contra este delito. “Es necesario mirar este problema desde todas sus aristas, por lo que se está trabajando su marco institucional, sus objetivos, sus garantías, sanciones y penalidades” precisó.
Del mismo modo, Tejada aseguró que la normativa contemplará no solamente a los avasallamientos protagonizados por grupos de sin tierra o por loteadores, sino también los avasallamientos de terratenientes bolivianos y extranjeros sobre territorios de los pueblos indígena originarios campesinos.