Nuevas denuncias de avasallamiento y tráfico de tierras en zona Sur La Paz

Descripción

Se incrementan las denuncias de avasallamientos y tráfico de tierras en la zona Sur de La Paz.
Ahora se trata del caso de una familia que también denunció abusos de parte de los autodenominados ‘Comunarios de Achumani’.
“Compramos el predio hace 20 años. En este tiempo no tuvimos conflictos con ningún vecino ni con ningún comunario. Sin embargo, cuando tuvimos la oportunidad de edificar aparecieron los supuestos comunarios como presuntos dueños”, dijo la víctima.
La propiedad consta de 5.000 metros cuadrados (m2), ubicados en la zona Kellumani de La Paz. Aunque ya se cedió más de 1.000 m2 para las vías a la Alcaldía de Palca.
La familia propietaria cuenta con toda la documentación que la acredita como dueña legítima. Inclusive ya realizaron los trámites correspondientes de partición y división. También tienen folios reales como toda la documentación catastral de los lotes.
Modo de operación
Como en un anterior caso, lo que refieren las víctimas es que los propietarios engañaron a sus padres. Les compraron los predios a precio de gallina muerta. Bajo ese argumento, esta presunta red extorsiona a las víctimas a título de una compensación económica.
“En un momento acepté la compensación económica a cambio de que me entreguen los supuestos documentos de propiedad con los que contaban. Cuando mi abogada se reunió con ellos nunca mostraron expediente alguno. Hecho que evidencia que sólo buscan aprovecharse de las víctimas y obtener ganancias mediante la violencia y el delito”, añadió el propietario, notablemente impotente ante la injusticia.
Actos violentos
Los afectados manifiestan que cuando llevaron una maquinaria al terreno, los agresores lanzaron cohetes. En pocos minutos se reunió un grupo de personas que amedrentaron a los trabajadores. Tiraron piedras a la máquina y le rompieron los vidrios. A punta de amenazas de muerte lograron que los trabajadores huyeran.
Posteriormente, el terreno en conflicto apareció con mojones. Desde entonces, cuando se percatan de que alguien intenta construir lanzan los petardos y lo primero que hacen es mandar a las mujeres de pollera, utilizándolas como bandera y grupo de choque.
“Aparecen decenas de personas, gritan golpean tiran piedras, amenazan. Inclusive recibí amenazas hasta en mi trabajo”, contó la víctima, quien por temor a represalias pidió no ser identificada, aunque compartió con Cambio la documentación que respalda sus denuncias.
Procesos
En ese marco, los afectados iniciaron un proceso legal en contra de Gregorio Mamani Argandoña, Sabina Mamani Argandoña, Adrián Mamani Argandoña, entre otros.
Miembros de la familia Mamani Argandoña, quienes también fueron sindicados por otras denuncias en el mismo sector.
“Ellos están supuestamente respaldados por un exfiscal de distrito que vive por la zona”, manifestó el propietario.
Como se mencionó en el primer caso, la presunta red de avasalladores amenaza de muerte a sus víctimas para intimidarlas.
Como en otros casos, las denuncias llegaron al Subalcalde de Palca, Manuel Ajata, quien tiene conocimiento de estas irregularidades, sin embargo hasta el momento no realizó acciones que frenen los enfrentamientos violentos y los abusos que cometen los denunciados a título de ser una supuesta comunidad. Aunque en una anterior entrevista con Cambio Ajata se comprometió a realizar una investigación minuciosa sobre la presunta red.

***(19.12.2015) Verdaderos comunarios también son amenazados por avasalladores.
Ante la investigación que realiza Cambio sobre una presunta red de avasalladores que opera en la zona sur de La Paz, algunos dirigentes acreditados por el Concejo de Ayllus y Markas Qullanas Nación Qhapaq Umasuyo (Conamaq), quienes son los verdaderos comunarios de Achumani, manifestaron que también son víctimas de este grupo.
Según refieren los entrevistados, la Comunidad de Achumani, tras la Reforma Agraria de 1953 fue beneficiada con tierras en este sector por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). No obstante, dentro de esta dotación se contemplaron áreas comunales como un sector de pastoreo y de uso comunitario.
Empero, con la ampliación de la mancha urbana del Municipio paceño, los comunarios mediante una votación unánime decidieron vender estos espacios comunitarios. Sin imaginar que años después personas ajenas a esa comunidad, conformadas por inquilinos, nueras, esposos de los nietos y supuestos compradores, encontrarían en estos predios una herramienta para estafar, extorsionar y amedrentar a cambio de dinero.
“Los verdaderos comunarios somos personas mayores y herederos legítimos, ellos son personas jóvenes que no son del lugar, de alguna manera organizaron otro grupo de vecinos y ahora se encargan de meter miedo a todos”, narró el dirigente, quien de manera textual, manifestó a Cambio que si se publica su nombre los avasalladores quemarían su casa.
Asimismo, los denunciantes señalaron que algunos comunarios originarios del sector también tendrían problemas con esta presunta red. Mencionaron un caso que está a punto de obtener una sentencia en la que Cambio compromete una nueva investigación.
“Ellos dicen que sus abuelos fueron engañados y que ahora merecen una compensación económica. Advirtieron que sus abogados se presentan como asesores de algunas entidades estatales y dicen que cuentan con la protección oficial, algo parecido a lo que trataron de hacer los avasalladores en Santa Cruz. Además actúan en grupos de más de 30 personas, se sienten con derecho de hacer lo que quieran”, denunciaron los dirigentes.
Advertencia
Sin embargo, el presidente Evo Morales manifestó en reiteradas oportunidades que su Gobierno no tolerará los avasallamientos ni el tráfico de tierras.
En diciembre del año pasado, el Primer Mandatario instruyó a las autoridades del Ministerio de Gobierno que usen todos los recursos legales y coercitivos del Estado para desalojar a los avasalladores.
En ese marco, el vicepresidente Álvaro García Linera advirtió que el gobierno no permitirá, ni tolerará avasallamientos.
“Los avasalladores no van a triunfar, no lo vamos a permitir, ni tolerar. Si han entrado a un terreno de manera ilegal, siendo que la propiedad tiene un dueño legítimo y legal, los vamos a sacar en un día, en una semana o en diez”, remarcó el Mandatario.
Entre tanto, el Subalcalde de Palca, Manuel Ajata se comprometió con Cambio que realizaría una investigación minuciosa sobre este tema que preocupa a comunarios que se ven amenazados y hasta agredidos por avasalladores.

*** (30.12.2015) Comunarios de Achumani testigos de la violencia de los avasalladores.
Los verdaderos comunarios de Achumani denunciaron a un presunto grupo de avasalladores que opera en la zona sur de La Paz, manifestaron que son testigos del actuar violento de esta tropa y también fueron víctimas a tal punto que mantienen un proceso legal por intento de homicidio.
Hace más de dos años que estos sindicados, encabezados por Juan Uchazara y Elena López agredieron sin compasión a María Gutiérrez, Ángela Mamani y Julia Inés Arancibia.
“Sin un motivo relevante nos golpearon entre 12. Nos golpearon con piedras, nos patearon en el suelo y nos dejaron agonizando tiradas en el piso”, narró Ángela Mamani, víctima.
Este hecho fue debidamente denunciado a las autoridades, sin embargo, según cuentan las víctimas este grupo tiene bastante dinero que a punta de estrategias legales logró retardar el proceso que se encuentra en el Juzgado 4to de instrucción en lo Penal.
El pasado lunes, sin el asombro de los implicados se suspendió nuevamente una audiencia, reprogramada para el siguiente 19 de enero. No obstante, mientras la jueza determinó la suspensión, las víctimas fueron objetos de amenazas y amedrentamientos.
Cambio fue testigo presencial de que el grupo de presuntos loteadores se dio la tarea de amenazar de muerte y tomar fotografías hasta de los dirigentes que estuvieron presentes para respaldar a estas víctimas.
“Nosotros somos dirigentes de los verdaderos comunarios de Achumani, ellos solo son yernos de las nietas inquilinos y personas extrañas que se autodenominan comunarios para apropiarte e invadir los propiedades de los vecinos. Con piedras con palos y con amenazas de muerte se entran a los terrenos”, mencionó el hijo y hermano de las víctimas.
Amenazas de muerte
“Como directorio de la comunidad estamos sumamente preocupados ante estos hechos injustos. Ellos amparados con la Subalcaldía de Palca están acostumbrados a avasallar los terrenos y traficar con ello. Consiguen documentos fraguados y viven de la venta ilegal de los terrenos. Lo peor es que cuando aparecen los verdaderos dueños se agrupan y violentamente agreden a todo el que pueden”, contó el Daniel Colque, dirigente de los comunarios
En ese marco, el dirigente contó que viven atemorizados en el sector por las constantes amenazas de muerte. Ni siquiera pueden transitar por el lugar en la noche porque este grupo anda encapuchado.
A nombre del partido
“Además ellos siempre argumentan que su abogado, Marco Antonio Eguía, es un asesor del Gobierno, dicen que es político de poder y que cuenta con el respaldo de Movimiento Al Socialismo (MAS). En más de una ocasión nos ofrecieron sicarios”, lamentó el dirigente.
En reiteradas oportunidades el presidente Evo Morales manifestó su rechazo rotundo contra el delito de avasallamiento y el tráfico de tierras. Dijo que el Estado, mas bien, garantizará la seguridad jurídica de los propietarios.
En ese marco, el Directorio manifestó a Cambio que responsabilizan de su integridad física de todos los comunarios a este grupo de avasalladores.
Retardación de justicia
“Nos enteramos que ellos ofrecen a los jueces y fiscales terrenos a cambio de demorar los procesos que tienen en su contra. Somos testigos que en más de una ocasión los expedientes se extravían, las audiencias se posponen y muestra de ellos es que en este proceso por intento de asesinato ya son más de dos años que está en manos de la jueza Lilian Cardozo y aún no hay resultados”, denunció Eusebio Pinto, jilacata mallku de los comunarios.

***(06.02.2015) Exfiscal Quispe también es acusado de complicidad con avasalladores.
Afectados de la presunta red de avasalladores de Achumani denuncian también al exfiscal Humberto Quispe por el extravío de su cuaderno de investigaciones en un caso de tierras. No descartan que exista una complicidad entre el denunciado y los ‘tomatierras’ de la zona Sur.
Se trata de una propiedad ubicada en el municipio de Palca, en el sector Kellumani. Fue adquirida por una familia hace muchos años. El predio cuenta con toda su documentación al día, incluyendo sus impuestos pagados. Sin embargo, cuando los propietarios intentaron iniciar la construcción, supuestos comunarios del sector impidieron el hecho de manera violenta.
La víctima, que es una señora de la tercera edad, manifestó a Cambio que este grupo, conformado por unos 20 loteadores, la golpearon, al igual que al arquitecto, al topógrafo y a un ayudante. Casi la desnudaron y ocasionaron lesiones que demandaron más de 15 días de impedimento. La denuncia fue presentada en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur, pero no prosperó.
Hechos irregulares
“Se presentó una denuncia por los delitos de allanamiento de domicilio y sus dependencias, amenazas y asociación delictuosa. Sin embargo, el exfiscal responsable, Humberto Quispe Poma, realizó un rechazo sin contemplar las amenazas y asociación delictuosa. Tras ello, la defensa pidió una rectificación, pero no se obtuvo respuesta, informó la abogada de las víctimas, Giovanna Ninoska Vargas Mendoza.
Este hecho sorprendió a las víctimas, puesto que, como parte de las pruebas presentadas, se entregaron antecedentes de varios de los implicados, que evidenciaron reincidencia en los delitos de allanamiento, asociación delictuosa, avasallamiento, lesiones e intento de homicidio, entre otros.
“Por si fuera poco, además de que el fiscal Quispe no subsanó las observaciones presentadas, el cuaderno de investigaciones, que estaba a cargo de este operador de justicia, se extravió desde el 15 de septiembre. Por estos hechos irregulares, que muestran indicios de complicidad con los avasalladores, presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Distrito de La Paz”, explicó la abogada.
Perjuicio
Durante todo este tiempo que no se logró encontrar el cuaderno de investigaciones los invasores se beneficiaron.
“Nos perjudicaron sobremanera. Mientras no se halló el cuaderno de investigaciones, los avasalladores iniciaron construcciones libremente porque durante todo este tiempo el proceso quedó paralizado”, agregó María René Valencia, representante de los propietarios.
Esperanzas
Actualmente, el caso, que responde al número 2099/2012, se encuentra en manos del fiscal Carlos Andrade, hecho que brinda alivio a la familia afectada.
“Esperamos que se llegue a la verdad, que estas personas actúan delictivamente y que actualmente se encuentran asentadas de manera ilegal en la propiedad de la inmobiliaria Imberterra”, mencionó la abogada, mientras que Valencia manifestó que tiene mayor confianza en Andrade para que se actúe con justicia y se evite la retardación en el proceso.

Acciones
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, despidió hace pocos días al fiscal Quispe Poma tras constantes denuncias de corrupción en su contra.
“He tomado la decisión de firmar un memorándum de agradecimiento por sus servicios y despedir al fiscal Humberto Quispe”, afirmó el Fiscal General del Estado.
El Fiscal denunciado está acusado de corrupción, robo, secuestro, extorsión, uso indebido de influencias, acoso sexual y otros cargos que datan del año 2011. Entre tanto Quispe manifestó abiertamente a los medios de comunicación locales que fue despedido y no destituido, hecho que permitirá que en un futuro vuelva a desempeñar funciones de fiscal.
Valencia precisó que está satisfecha con la medida.
“El daño que nos causó a esta altura es irremediable. Sin embargo, su destitución evitará que más víctimas como yo tengan que luchar infructuosamente ante la corrupción y la complicidad de los administradores de justicia y los avasalladores o cualquier otro delincuente”, aseveró la víctima del tráfico de tierras.

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