Destruyen más de 200 casas en el municipio de Betanzos

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Dos tractores medianos, fuertemente custodiados por efectivos antimotines, destruyeron más de 200 viviendas que fueron construidas por los denominados “Sin Tierra” en la jurisdicción municipal potosina de Betanzos.
La orden judicial para la demolición de las pequeñas infraestructuras fue firmada por el juez mixto de partido liquidador y sentencia de Betanzos, Víctor León Ontivares.
El derribamiento se inició al promediar las 10:00 y concluyó a las 16:00 de ayer en medio de congoja de los que construyeron esas infraestructuras, declaradas como ilegales.
“La demolición duró aproximadamente seis horas”, dijo el subcomandante departamental de la Policía, coronel Víctor Hinojosa, quien estuvo en el lugar al mando de los 150 uniformados que impusieron la ley.
El oficial de policía afirmó que no hubo enfrentamiento entre las fuerzas del orden y las personas que se asentaron en esos predios que fueron tomados por comunarios.
Sin embargo, informó que al principio los afectados se resistieron a la demolición por lo cual se hizo uso de la fuerza para desalojarlos del lugar donde existían los asentamientos.
La demolición de las infraestructuras se concretó después de una prolongada batalla judicial, porque primeramente los comunarios se asentaron en carpas y posteriormente empezaron a construir sus pequeñas viviendas en el sector de Huancuri y en la zona del surtidor Contreras.
Ayer, al promediar las 17:00 a 18:00, los afectados con la demolición protagonizaron una marcha en el centro municipal de Betanzos.
Al respecto, el alcalde Esteban Llanos, denunció que los manifestantes secuestraron un vehículo del Consejo Municipal y actualmente se desconoce en qué lugar está.
Sin embargo, anunció que la denuncia será presentada ante la autoridad competente con la finalidad de que la movilidad sea entregada.
Dijo que la medida que se tomó con las viviendas construidas fue enteramente por orden judicial y no así por el municipio de Betanzos.
150 policías custodiaron y usaron la fuerza para impedir que los comunarios frenen la demolición de las viviendas, consideradas como ilegales.