Violentas arremetidas a urbanización Parcopata

Descripción

Más de 300 habitantes de Parcopata, urbanización ubicada en el Distrito Municipal 8 de El Alto, exigen la expulsión de su zona de loteadores quienes el pasado 19 de marzo y después el 2 de mayo habrían agredido a los vecinos del lugar dejando varios heridos, entre ellos personas de la tercera edad y niños.

De acuerdo con el presidente de la zona, Sipriano Quispe, de un tiempo a esta parte un grupo de personas que se ha dedicado a tomar terrenos y que pertenecerían a un grupo de exmineros relocalizados llegaron hasta su zona con el pretexto de que ellos son los legítimos dueños de dichos predios presentando documentos para legitimar sus declaraciones, sin embargo, según las víctimas de estos atropellos, estos documentos serían fraguados.

“Lamentablemente todos los afectados con esta golpiza que hemos sufrido por parte de los más de 10 personas que el anterior 19 de marzo han irrumpido en nuestros terrenos, son de la tercera edad y poco o nada han podido hacer para defenderse y lo que es peor hasta el momento ellos no pueden recuperarse del todo, porque fueron heridos con piedras, palos y hasta con dinamitas”, manifestó.

Producto de las agresiones, en la actualidad 18 personas heridas intentan recuperarse de la golpiza que habrían recibido por parte de los loteadores que aprovechando varios lotes vacíos que se encuentran en la zona, estarían valiéndose para traspasar a terceras personas con documentos fraguados de los cuales más de 450 lotes estarían siendo afectados por estas personas que de manera continua siguen amedrentando a las víctimas de este atropello.

Como prueba de la legitimidad de sus documentos de propiedad, los afectados exmineros relocalizados mostraron títulos de propiedad registrados en Derechos Reales y otras instancias que dan el derecho de ser dueños de dichos lotes.

De la misma manera, exigen a instancias gubernamentales, como el Ministerio de Gobierno, que intervengan cuanto antes en este problema, porque de no ser así advirtieron que se avecinan días más graves y violentos, con la probabilidad de un enfrentamiento, debido a que las víctimas también anunciaron defender sus propiedades como puedan, porque son los verdaderos dueños.

Dijeron también que, de no ser escuchados, podrían entrar en huelga de hambre como medida de protesta contra las autoridades a quienes piden una intervención inmediata.

ATEMORIZADOS

Por su parte, el dirigente Silvestre Zusaño denunció también que los vecinos de Parcopata, en la actualidad, se encuentran atemorizados debido a que de manera continua los loteadores han montado una especie de vigilia con la finalidad de amedrentar a los vecinos para lo cual, munidos de piedras, palos y hasta dinamitas, se dan a la tarea de provocar a los vecinos que en su mayoría son personas de la tercera edad.

“Es una verdadera pena lo que estamos viviendo los vecinos de esta zona, porque luego de la golpiza que hemos recibido por parte de estas personas, ahora se han dado a la tarea de montar una vigilia con la finalidad de tenernos amenazados para que abandonemos nuestros terrenos, pero no abandonaremos lo que nos pertenece por derecho pelearemos hasta el último momento”, finalizó el dirigente.

***Denuncia de otro avasallamiento a inicios Mayo 2015.
Vicente Quispe, representante de los vecinos de la urbanización Parcopata “90”, denunció que el fin de semana 2-3 mayo su zona fue invadida por presuntos loteadores, quienes habrían dinamitado las viviendas, derrumbado edificaciones y dejado 30 personas heridas, entre ellas, tres menores de edad y un ciudadano discapacitado.
Quispe dio a conocer que los apoderados de las viviendas no habrían cancelado la suma de $us 300 por lotes y menos concluido con la construcción de sus viviendas o la ampliación de las mismas, pero cuando no tenían los recursos para devolver los terrenos habrían ingresado en un presunto acuerdo con Emilio Dorado, Enrique Huanca, Marina Marca y Santiago Hidalgo, para inscribir en Derechos Reales supuestos testimonios.
Mientras que el otro grupo de propietarios, al momento de denunciar una supuesta suplantación, habría iniciado un proceso penal que concluyó en sentencia ejecutoriada donde Juan Bosco C. P. le dan sentencia de 10 años de cárcel, Guillermo M. P. con tres años y seis meses en la cárcel.
Un segundo proceso se inició en materia civil con la finalidad de retirar a 116 personas que realizaron la inscripción Nº 477, además de la escritura 220/2010 en Derechos Reales.
“Una vez anulado buscamos inscribir a los 450 vecinos de la zona, pero nos dieron a conocer por parte del registrador, iniciar un proceso para anular a los 116 inscritos que eran los avasalladores, con el Nº 085/2015, aspecto que ha generado el malestar de los implicados quienes desde el 19 de marzo efectúan una serie de hechos irregulares en contra de los legítimos propietarios, generando hechos delictivos como tentativa de homicidio en contra de los dueños de lotes”, explicó Quispe.
Según el relato, la invasión de tierras de las 116 personas ahora es realizada con otros loteadores de los sectores de Cristal, Unificada y Virgen del Rosario, quienes el pasado fin de semana afectaron a 30 personas y derrumbaron 45 viviendas del sector.
Los propietarios presentaron un segundo proceso a las personas implicadas en el avasallamiento bajo los cargos penales de robo agravado, asociación delictuosa, tentativa de homicidio, entre otros, luego de presentar los informes de médico forense de las 30 personas afectadas además de formalizar las denuncias al Ministerio de Gobierno ante la inacción de funcionarios policiales quienes al no tener efectivos policiales, equipamiento y otros elementos logísticos no habrían logrado realizar la detención de los implicados en los enfrentamientos durante el fin de semana.
PROCESOS
Por su parte, el representante de la urbanización, Silvestre Susaño, dio a conocer una supuesta negligencia de funcionarios públicos, como el fiscal Horacio Yugar, quien pese a estar de turno el fin de semana, no habría prestado debida atención a los vecinos de la zona cuando fueron víctimas de estos hechos de violencia.
“Este fiscal no estaba en su lugar de trabajo, asimismo, la secretaria Virginia Bautista tampoco solicitó el requerimiento al Comando Regional para el resguardo de los vecinos, pero prefirieron no prestar atención a los afectados. En cuando al médico forense se redujo el tiempo de impedimento de las personas que fueron víctimas de la agresión, pese a las pruebas presentadas”, explicó Susaño.