Loteadores de terrenos de la Universidad Amazónica de Pando podrían quedar impunes por prescripción

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Varias autoridades universitarias, en el año 2000, vendieron terrenos fiscales de alto valor económico, los que fueron adquiridos por ellos mismos y sus familiares. Ante la imputación realizada por el Fiscal anticorrupción, los loteadores ahora dicen que no tienen culpa de esos delitos, por el tiempo transcurrido.
Los imputados eran miembros del Consejo Universitario en el año 2000, y autorizaron la venta de terrenos de la universidad a través de resolución, supuestamente por crisis económica, y para conseguir dinero de inmediato. Sin embargo las ventas fueron a crédito y los beneficiarios pagaron los saldos años después. Muchos de ellos exigen en la actualidad que la Universidad les entregue los documentos de propiedad.
Sin embargo, en medio del proceso, el juez Diego Roca Saucedo rechazó la imputación, a pedido del exsecretario general de la Universidad, Aris Humérez. Éste firmó junto al Consejo Universitario del año 2000, la resolución 22, que permitió que el grupo de altos funcionarios de la Universidad Amazónica de Pando (UAP), encabezados por el rector Ronald Camargo, vendieran la propiedad pública, que pertenecía a la universidad, siendo los firmantes de la resolución quienes adquirieron los terrenos.
El fiscal anticorrupción Álvaro Pimentel y miembros del Foro Pandino recordaron que la situación procesal abre la posibilidad que el proceso se estanque, y que se pida su extinción, con lo que la universidad sufriría graves pérdidas.

DEFECTOS DE LA IMPUTACIÓN
Según el Juez, la imputación estaría mal realizada ya que no individualiza la conducta criminal de cada persona.
“No se individualiza la posible conducta ilícita del imputado (Humérez), con relación a los tipos penales… habiendo pluralidad de imputados se debe analizar la conducta de cada uno”, argumentó el juez Roca, quien dispuso se devuelva la imputación por estos defectos, dando plazo de 10 días para que el Fiscal corrija sus errores.
Sin embargo, de acuerdo a lo actuado por el Fiscal, la prueba principal es la emisión de la resolución del Consejo Universitario que dispone la venta pública de terrenos de propiedad de la universidad, donde están las firmas de todos y cada uno de los imputados.
La otra prueba que presentó el Ministerio Público son los documentos de compraventa de los terrenos de la expista aérea de Cobija, suscritos por la universidad en favor de varios exmiembros del Consejo Universitario, así como los recibos de pago a créditos por varios años.
COMPROMETIDOS
La investigación fue seguida en contra de todos los firmantes de la resolución del Consejo Universitario. Entre ellos están Ronald Camargo, rector de la UAP del año 2000, Encarnación de Acosta, vicerrector, René Mamani, director administrativo y financiero, Aris Humérez, secretario general, Germán Guerrero, director académico. También están Jorge Mejía, Maura Ribera, Humberto Fernández, Gulter Alcazar, Julio Rojas, Ernesto Cornejo, María del Pilar de Wilder, Sissi Bello, Carlos acosta Quispe, Ricardo Flores, Yoshi Araguchi, René Aduviri, y Sergio Maniguari.
Aris Humerez, impugnador del proceso,fue secretario general de la Universidad, actualmente es el jefe de Carrera de Derecho y ciencias jurídicas de la Universidad Amazónica de Pando. El exrector, Ronald Camargo, se fue a Brasil.