Cadepia se querella contra vocales de la Sala Penal de la Corte

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La Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia), se querelló contra los vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, porque supuestamente el Tribunal habría emitido dos resoluciones contrariasen relación a la disputa por derecho propietario por unos predios en el Parque Industrial.
El día de ayer la presidenta de Capedia, Janeth Coffiel, acudió ante el Ministerio Público del Distrito para presentar la querella contra los vocales de la Sala Segunda de la Corte.
ANTECEDENTES
En fecha 11 de febrero de 2010 el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz presentó una acción de amparo constitucional en contra de los supuestos loteadores Josefina Ardaya y otros. Esta acción fue respaldada por Cadepia como tercer interesado, pues el 13 de mayo de 1995 la exprefectura se habría comprometido a otorgarles este predio.
Luego en fecha 21 de septiembre de 2010 el Tribunal querellado resuelve la acción de amparo constitucional donde ordenó el desapoderamiento de los terrenos.
En este sentido, Coffiel indicó que creen que los vocales estarían favoreciendo a los presuntos loteadores, porque emitió una nueva resolución después de un año, que fue en fecha 27 de septiembre de 2011.
Coffiel, manifestó que la Sala Penal Segunda procedió a modificar la sentencia después de un año. Los vocales que están siendo querellados por resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato son los juristas María A. M. y Sigfrido S.

***14/10/2011 CADEPIA se moviliza en el patio de la Corte Superior de Distrito.
Los pequeños industriales de Santa Cruz trasladaron ayer sus máquinas al patio de la Corte Superior de Distrito, exigiendo a la Sala Civil 2ª la restitución del derecho propietario sobre un terreno de 69 hectáreas.
El terreno, transferido por la Gobernación de Santa Cruz a la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia), fue ocupado de manera ilegal por más de 2.500 familias, que el 26 de agosto del 2011 fueron desalojadas por orden judicial. Sin embargo, los supuestos loteadores interpusieron una demanda en la Sala Civil 2ª, argumentando ser los propietarios legítimos de los predios, y la justicia falló a favor de los asentados.