Develan red de tráfico de tierras en área urbana cruceña

Descripción

Un grupo de cruceños presentó al Ministerio de Comunicación un trabajo de investigación que devela una red de tráfico de tierras que supuestamente lidera Mario Horacio Gil Sosa, conocido como el “Negro Gil”.
Los denunciantes solicitaron al Gobierno investigar los nexos de Gil con siete presuntos subordinados y pidieron mantener sus nombres en reserva por razones de seguridad.
Citaron como co-autores a Victor Hugo Suárez Rocha, Venerable Huanca Gutiérrez, los hermanos Wilfredo y Elizabeth Llampa Cayoja, a Jestin Cavello y su ex esposa Katherine Montaño Terrazas, además de Sonia Suárez y Ramiro Condori Mamani.
SUÁREZ
Víctor Suárez sería, según la investigación, compadre de Gil y su “matón de extrema confianza”, y se presupone que avasalla los predios armado junto a centenares de pandilleros, agrediendo a los propietarios, saqueando sus pertenencias, quemando el resto y montando guardia armada para afrontar a las autoridades.
La información añade que la jueza cautelar Lili Salazar lo envió a la cárcel de Palmasola, luego que la fiscal Pura Cuéllar lo imputó por robo agravado, allanamiento, asociación delictuosa y amenazas de muerte, entre otros.
La Fiscalía indicó que el 2010, la propiedad de los esposos Alberto Gómez y Norah Clementelli, ubicada en el kilómetro 5 de la carretera a Cotoca, fue ocupada de manera violenta.
Este caso también fue expuesto en el trabajo de investigación que realizó Cambio en las páginas 8 y 9 del citado Reportaje.
HUANCA
El grupo de denunciantes indicó que Venerable Huanca sería el encargado de abrir calles dentro de los predios tomados y “dejar en claro que no poseen dueño” con el objeto de estafar a múltiples personas.
Dijeron que, para sus cometidos, afirma que cuenta con el respaldo del presidente Evo Morales, de varios miembros del gabinete Ministerial y otras autoridades.
El 30 de noviembre el diario El Día informó que Huanca está entre quienes fueron citados por la Fiscalía para declarar sobre asentamientos ilegales.
El nombre de esta persona también figura dentro de varios procesos judiciales publicados en línea por el Tribunal Constitucional, así como unos nueve videos alojados en YouTube, donde se muestran las versiones de presuntos afectados.
LLAMPA
Se presume que los hermanos Wilfredo y Elizabeth Llampa estarían a cargo de estructurar juntas vecinales irregulares, mediante las cuales realizan solicitudes para la dotación de servicios básicos a los predios avasallados.
Dentro de esa labor, presentan recursos legales contra el Tribunal Constitucional, los juzgados, la Fiscalía, la Gobernación cruceña, las alcaldías, el Plan Regulador y otras instancias más.
Al respecto, el periódico Cambio halló el Auto Constitucional 0069/2013-RCA fechado en Sucre el 25 de abril de 2013 que da cuenta que los Llampa entablaron una querella contra la Oficial Mayor de Planificación y el Jefe del Departamento de Cartografía, del municipio cruceño.
Los denunciantes añadieron que la familia tendría personal a su cargo para cobrar y extorsionar a quienes compran los terrenos, gente que además quema las casas y saquea las pertenencias de quienes dejan de ser “rentables”.
Para realizar esas actividades, dijeron, “se camuflan como militantes del partido de Gobierno mostrando credenciales con las cuales recaudan millonarias sumas que entregan a Mario Gil”.
MONTAÑO Y SUÁREZ
En la lista de sindicados también figuran Katherine Montaño y Sonia Suárez, quienes serían las presuntas “recaudadoras” de Mario Gil, tanto para la venta de terrenos, como para la extorsión de los compradores de los lotes.
“La señora Montaño fue imputada, guardó detención preventiva, tiene medidas sustitutivas y habría vuelto al loteamiento, siempre lleva un revólver calibre 38 para amedrentar a quien la desafíe, como consta en declaraciones hechas tras un desfile identificativo”, señalaron.
Al respecto, el periódico Cambio verificó que el nombre de ambas ciudadanas figura en un litigio por tierras que figura dentro del expediente 2011-24300-49-AAC caratulado como Alberto Gómez Salazar c/ Sonia Suárez y otros, que reside en la capital cruceña.
CAVELLO
Los denunciantes refirieron que Jestin Cavello sería el supuesto “colaborador de confianza” de Gil para la logística de avasallamientos.
También estaría encargado de trasladar a Montaño para que entregue el dinero recaudado al presunto cabecilla de la organización de avasalladores.
El nombre de Cavello aparece junto a los de las señoras Montaño y Suárez en el expediente arriba descrito.
CONDORI
Los denunciantes sospechan que Ramiro Condori fungiría como chofer y mensajero del presunto líder de la organización, ya que estaría dedicado a trasladar a los grupos de avasalladores, llevarles provisiones y entregar coimas a fiscales, abogados y jueces.
Al respecto, Cambio halló un informe de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1725/2012 fechada en Sucre el primero de octubre de 2012, donde la Sala Liquidadora Transitoria alude el nombre de esta persona.
El texto señala que el 25 de febrero de 2010, Condori irrumpió junto a 50 personas armadas en el predio El Bajío de propiedad del Banco Unión.
Cuando llegó al lugar al promediar las 20.30 horas, derribó el enmallado y destruyó las plantas frutales, extremo que fue constatado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
GIL
Respecto de esas acusaciones, este matutino intentó comunicarse de forma insistente con Mario Gil durante la mañana y primeras horas de la tarde del lunes 2 de diciembre, pero al parecer su celular se encontraba apagado o fuera del alcance de la señal.
Sobre este mismo asunto, en el Reportaje del periódico Cambio del 24 de noviembre, el señor Gil negó toda relación con cualquier tipo de grupos organizados en el tema de avasallamientos.
Al contrario, afirmó ser víctima de un conjunto de avasalladores que ingresaron a sus predios y que las denuncias que surgen en su contra sólo pretenden desprestigiarlo con el objeto de apoderarse de los predios que son parte de su empresa inmobiliaria.
EMPRESARIOS PRIVADOS: el Gobierno debe actuar con todo el peso de la Ley
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, indicó a Cambio que “el Gobierno tiene que actuar con todo el peso legal que le otorga la Constitución Política del Estado y otras leyes para desalojar y liberar los predios afectados”.
Se debe “garantizar a los industriales y agropecuarios que esas tierras van a estar protegidas” de manera legal porque los invasores, no sólo afectan al propietario legal sino que también perjudican la producción que se realiza en ellas.
“Los avasalladores cometen un gravísimo delito y atentan contra la seguridad alimentaria nacional”, acotó Sánchez.
***Más denuncias sobre Gil y sus vínculos con autoridades de gobiernos anteriores y el actual (Agencia ABI,04.12.2013):
Las indagaciones establecieron que el 'Negro' Gil tiene una lista de 90 procesos judiciales, 265 denuncias ante la Fiscalía, además de un certificado de antecedentes policiales 'por presunta comisión del delito de asesinato'.
El abogado de los afectados, José Flores, mostró una carta de denuncia que se envió el 5 de septiembre a María Pinckert, presidenta de la brigada parlamentaria cruceña, sobre 'una red de corrupción de avasallamientos de tierras'.
En la misiva, se pide audiencia a la senadora de Convergencia Nacional, para entregarle pruebas de 'la recurrente participación de una organización debidamente estructurada' y gestada por Gil.
Asimismo, el jurista aseguró que Gil financia a grupos de loteadores y usa gente ligada al Gobierno, como Jaime Cernada, un ex miembro del Consejo de la Magistratura.
En su lista también figuran Henri Zeballos, ex autoridad de minería y hermano de un asambleísta, así como Cory Balcázar, ex esposa del fiscal Roberto Achá, que está detenido bajo el cargo de extorsión.
Por su parte, Jaime Barrón denunció que en las fiestas de carnaval, Gil llegó con policías de Warnes y se apropió violentamente de parte de sus tierras, en el sector de Clara Claridad, cerca de Viru Viru y dijo que alzó una cerca sobre su predio.
Daniela Alba denunció que Gil invadió predios de su padre, Modesto Alba, colindantes con Viru Viru, pero 'paradójicamente', Gil abrió un proceso en contra de su progenitor, por falsedad material y uso de instrumento falsificado.
En esa línea, Alberto Gómez aseveró que en 2010, Víctor Suárez, colaborador de Gil rompió el enmallado y portón de la casa de su familia en el kilómetro cinco.
Añadió que Gil se entrevistó con ellos y ofreció retirar a los avasalladores por el 30% de costo de la propiedad.
El reportaje revela la existencia de una sentencia constitucional del 11 de octubre, en la que Eduardo Abudinen, Rubén Segovia y Mario Gil están ligados en la venta de terrenos reclamados por la ex Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), que fueron vendidos a gremiales.
Otras personas denunciaron que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se alojó en la casa de Mario Gil antes de escapar a Estados Unidos y ofreció 300.000 dólares para financiar la campaña de Rubén Costas.
Con relación a las acusaciones, Mario Gil negó tener lazos con los avasallamientos y deslindó vínculos con armas, negó conocer en persona al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y haber ofrecido dinero para la campaña de Rubén Costas.
"Todo eso es falso, no tengo ninguna imputación y las denuncias surgen de relatos de cuatro personas que ingresaron a mis predios", explicó.

*** Diputado Edwin Tupa reconoce que hay masistas avasalladores (03.12.2013)
El legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, dejó abierta la posibilidad de que existan algunos malos militantes y dirigentes del instrumento político vinculados con el avasallamiento de tierras en Santa Cruz. Atribuyó estas acciones a muchos que levantan el nombre de autoridades para asentarse ilegalmente en espacios privados.
Sostuvo que la posición del gobierno es clara al respecto, se garantizará la propiedad y se pide que realicen los trámites necesarios para obtener predios fiscales. En caso de existir oficialistas involucrados, dijo que se iniciarán procesos para expulsarlos del partido.

***(05.12.2013) Ministro Romero: "Loteadores y avasalladores son un mismo grupo". Afirma también que no hay que confundir avasalladores con asentamiento humanos legales, bajo trámite con el INRA.

***(09.12.2013) Ministro Romero revela que estructura de avasalladores tiene nexos con loteamiento de predios urbanos.