Empresa denuncia avasallamiento

Description

La empresa constructora Consarq SA denunció ayer que dirigentes de la OTB de Collcapampa, de Tiquipaya, y el alcalde de ese municipio, Saúl Cruz, allanaron sus instalaciones, de manera violenta el pasado 7 de julio.
Por todo ello, la empresa informó que abrió un proceso penal contra Cruz, además de Rafael Puente y los dirigentes de la OTB de Collcapampa Hugo García Pezo, Mario García Pezo, Jhonny García Pezo, Martín García Pezo y Víctor Camacho, a quienes la constructora acusa de avasallamiento, entre otros delitos.
Según información institucional de la empresa, los hechos ocurrieron el pasado 7 de julio, fecha en la que “dirigentes habrían ingresado al inmueble de propiedad de la empresa de manera violenta con un grupo de personas armadas, quienes procedieron a destruir sillas, cables de energía, medidores de luz y maquinaria pesada”.
La denuncia dice también que amenazaron a los cuidadores, quienes fueron agredidos físicamente, llegando a ser rehenes de la muchedumbre.
El pasado 12 de julio, los vecinos resolvieron en un cabildo construir dos canchas múltiples sobre las cuatro hectáreas de terreno que, según ellos, pretendían ser ocupadas irregularmente por la constructora.
Según representantes de esa OTB, hace tres meses tomaron conocimiento de que 39 hectáreas de tierras fiscales (35 de ellas pertenecientes al ex Banco del Estado y cuatro al Estado boliviano), fueron vendidas a través de un remate e inscritas como tierras urbanas, cuando se hallaban en terrenos agrícolas.
La empresa, en cambio, declara el legítimo derecho sobre los predios.

*Acusaciones y delitos
La empresa Consarq informó que “por los hechos ocurridos y en uso de su derecho propietario”, abrió un proceso penal contra el alcalde de Tiquipaya, Saúl Cruz, Rafael Puente y los dirigentes de la OTB de Collcapampa, a quienes acusa de instigación pública a delinquir (agitando a la muchedumbre) daño y daño calificado, ya que todos los bienes accesorios presentes en el inmueble de propiedad de la empresa fueron destruidos.
Otro delito que argumenta la empresa es allanamiento de domicilio o sus dependencias, “agravando la denuncia contra Saúl Cruz por ser funcionario público”.