Descripción
El aumento de la contaminación ambiental en San Juan ha significado un retroceso de cinco años de trabajo de prevención. Sin embargo, la señal más preocupante es que los incendios forestales estén vinculados a sistemas de loteamiento que afectan áreas protegidas como el Parque Nacional Tunari.
Pero, la falta de conciencia ambiental también tiene que ver con la indiferencia de las instituciones para proteger el medio ambiente al permitir asentamientos en áreas verdes. Por un lado, las alcaldías incumplen las normas y luego quieren que la gente las acate.
Según la directora del Centro de Planificación y Gestión (Ceplag), preocupa que los incendios hayan sido en lugares cercanos al parque Tunari o en laderas de ríos, sin un respeto a la Madre Tierra y sin demostrar una conciencia colectiva.
“Si está vinculado a un mercado de tierras es un problema grave”, dijo. Sin embargo, no es falta de normas, sino de cumplimiento de las normas. Debe haber brigadas que controlen el buen comportamiento en materia ambiental durante todo el año, en puntos álgidos, apuntó.
La jefa del departamento de Control y Promoción Ambiental de la Alcaldía, Lizette Álvarez, dijo: “Lo que no ha cambiado es el pretexto de San Juan para que la gente haga quemas”, ya sea por chaqueos o pensando en loteamientos.
En seis horas de control, la noche de San Juan, sólo se encontró y multó a una familia por realizar una fogata. El resto fueron incendios forestales, en zonas de difícil acceso. Es por ese motivo que se piensa que la motivación principal fue la expansión de terrenos, en zonas periurbanas que están en proceso irregular de asentamiento.
El reto para el municipio es mejorar los mecanismos de prevención y acción. Y entre los reajustes se piensa en cambiar las norma para impedir las quemas.
ACCIONES DEBEN SER COLECTIVAS Y SOSTENIDAS
Carmen Ledo, D. Ceplag
En San Juan debería hacerse una toma de conciencia general. Probablemente, los maestros lo hacen y debería haber mensajes constantes en medios de comunicación. Si vemos el peligro de avasallamiento hacia las zonas rurales y agrícolas, esto debería ayudar a pensar que las quemas están vinculadas. Se deberían tener acciones de apoyo con guardias forestales, un sistema desde la Gobernación, porque el problema rebasa límites municipales, es de todos.
Lizette Álvarez, rep. Alcaldía
Yo creo que se utiliza el pretexto de una actividad para generar el impacto todo el mes. Si bien la Gobernación ha sacado un decreto departamental que habla del 22, 23 y 24 de junio, nosotros no consideramos que el problema sea solamente en esas fechas, sino en todo el periodo de junio, que es complicado por rotación de cultivos o porque usar fuego es una manera fácil de deshierbar.
Marcelo Delgadillo, GEMA
En los asentamientos nuevos, por ejemplo en Vinto, sí había fogatas. Son gente migrante de áreas agrícolas y de las minas.
Hay bastantes asentamientos informales y precarios, sobre todo en la periferia. Es difícil para la Alcaldía controlar estas áreas.
En general, en lo ambiental las ladrilleras están mejorando pero en las caleras y yeseras se destruye lo forestal pues queman con leña. También para las granjas se consume bastante material forestal.
Impacto de la migración
En opinión de Ledo, la tradición de quemar en San Juan es otro de los motivos para el incremento de las fogatas. Explicó que dos tercios de los migrantes en Cochabamba llegan del altiplano, pero entre sus costumbres se queman materiales que no producen el humo negro que hay en la ciudad. “Deben respetarse las áreas verdes, priorizar lo humano antes de lo urbano. Que la gente reciba mensajes durante todo el año para saber que sus acciones tienen un efecto para las siguientes generaciones y para sus vecinos”, sugirió Ledo.
Indicadores
Después de que la ciudad soportó diez horas de contaminación crítica como consecuencia del aumento de las concentraciones de material particulado, los niveles comenzaron a disminuir. Al finalizar la jornada de ayer la polución en la zona sur bajo de 107 microgramos por metro cúbico de aire a 67. En tanto que en el oeste disminuyó de 168 a 60. En el centro bajó de 100 a 43.
*** 24.06.2014 (Fuego en el Parque Tunari duró hasta esta madrugada).
La secretaria de la Madre Tierra, Cinthia Vargas, informó que un incendio en el Parque Nacional Tunari consumió la noche de San Juan pajonales y arbustos. Tras varias horas de descontrol, el fuego fue apagado esta madrugada.
“Alrededor de unas 80 personas han trabajado hasta las 04.30 intentando controlar y apagar el foco de calor, pero no se pudo identificar a las personas que provocaron (el incendio)”, señaló.
Combatieron contra el fuego equipos especializados de SAR FAB, Sernap y SAR Bolivia, además de funcionarios de la Unidad de Riesgos de la Gobernación de Cochabamba.
El Gobierno local también atendió otros reportes de incendio en las comunidades de Apote, Kara Kara, Colomi, El Abra, Cementerio de Sacaba, Arbieto y Tolata.
***Reportan 34 incendios en tan sólo siete meses (23.07.2014)
De enero a la fecha se han registrado 34 focos de calor o incendios en el departamento. Los mismos arrasaron con 1.000 hectáreas de pajonales y arbustos nativos en menor cantidad. El reporte fue emitido ayer por la titular de la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación, Cinthya Vargas, quien indicó que los chaqueos y loteamientos son las causas.
Los incendios afectaron a siete de los 47 municipios del departamento. Los más críticos fueron Sacaba con 11 focos de calor, le sigue Quillacollo con seis y Cercado, Tiquipaya y Arbieto con cuatro.
***(23.08.2014)Loteamientos arrasan con 40% de acuíferos.
El 40 por ciento de los acuíferos de recarga dentro de la cuenca del Rocha Maylanco de la región metropolitana han sido urbanizado. Esto representa cerca de 19.000 hectáreas de huella urbana, según un estudio de la investigadora del Centro de Planificación y Gestión Social (Ceplag), Carmen Ledo.
La investigadora alertó que si el acelerado crecimiento “horizontal y desordenado” continúa, hasta 2036 se urbanizarán 35.000 hectáreas. Con ello se cubrirá cerca del 70 por ciento de acuíferos. Las causas principales de ello son los loteamientos y un mercado de tierras informal y altamente especulativo que mueve “millones” de dólares.
Las áreas más vulnerables son los municipios de Tiquipaya, Colcapirhua, Vinto y Sipe Sipe por su alto potencial agrícola, hídrico y su atractivo natural que “seduce” a loteadores. Sin embargo, la investigadora advirtió que todavía existen 29 mil hectáreas de acuíferos de tierra potencialmente utilizables que “hay que salvar”.
Al respecto, el docente del Instituto de Investigaciones de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) que lleva a cabo una investigación sobre regularización de predios en Cochabamba, Jorge Camacho, indicó que las áreas más vulnerables son las faldas de Tiquipaya y el sur de la ciudad. La primera por el fácil acceso al recurso agua ya que los loteadores se instalan en la franja de recarga acuífera y la segunda por el bajo costo de la tierra.
Al respecto, indicó que un terreno de 300 metros en el Distrito 9 de la zona sur se comercializa en 5.000 bolivianos, un promedio de 20 dólares el metro cuadrado. Producto de ello, sólo en 10 hectáreas, un “loteador” que busca la renta máxima puede ganar hasta 2 millones de dólares con la reventa.
Según el investigador, el rostro del loteador tiene “mil caras”, desde un abogado, arquitecto o dirigente vecinal hasta los mismos funcionarios municipales.
A ello se suma que en los últimos años, el “negocio” incluso generó la instalación de oficinas con un equipo especializado que ofrece terrenos a crédito.
Camacho expresó que la compra y venta de los predios son realizados con recibos, minutas y en muchos casos suscritas en “hojas de cuaderno”. Las áreas avasalladas son desde terrenos privados, comunitarios no urbanos, verdes o municipales hasta agrícolas. Añadió que en el área rural, los avasallamientos tienen otra figura. Consiste en la adquisición de zonas de pastoreo por medio del dirigente para venderlas.
En ambos casos, los loteadores recurren a la presión social, influencia política y la corrupción en las instancias públicas. Por otro lado, los conflictos limítrofes también incrementan los focos de avasallamiento.
Solución
Por ello, Camacho instó a las autoridades de la región metropolitana a encarar la elaboración de un plan director que se constituya en el instrumento de planificación territorial urbana.
Cochabamba cuenta con uno que fue elaborado el último quinquenio de los años 80 por el Comité Urbano Micro Regional, que era monitoreado por la ex Prefectura. Según el investigador, estos tienen una vigencia máxima de 10 años.
Para, Ledo la toma de conciencia desde los políticos y el “común de la gente” es indispensable para revertir la situación. Asimismo, es preciso generar un “blindaje normativo” de mitigación de daños y de castigo o sanción a los loteadores.
La medida debería estar acompañada de una política de “crecimiento inteligente”. Ambos expertos coincidieron en asegurar que el Consejo Metropolitano debe definir políticas y realizar acciones para frenar la ola de loteamientos y sus consecuencias para preservar las áreas de recarga y producción agrícola.
EXISTEN MIL HECTÁREAS EN RIESGO
Gobernación busca frenar loteamientos con procesos
Después que el responsable de la Gestión y Desarrollo de la Región Metropolitana de la Gobernación, Omar Fernández, informara que más de 1.000 hectáreas de tierras agrícolas del área de riego del Proyecto Múltiple Misicuni están en riesgo de ser loteadas, el gobierno departamental inició el primer proceso por tráfico de tierras y daño ambiental contra loteadores de la comunidad de Falsuri, una de las más afectadas por asentamientos.
En julio pasado, la Gobernación y la Fiscalía de Medio Ambiente verificaron el avasallamiento de 400 hectáreas en las comunidades de Chulla y Falsuri de los municipios de Vinto y Quillacollo. Los loteadores, presuntamente mineros de Colquiri, quemaron más de un centenar de árboles nativos y colocaron mojones en la zona.
Fernández explicó que la acción legal se constituye en una muestra contundente del gobierno departamental para frenar los avasallamientos. Asimismo, anunció que también pedirán la reversión de estas tierras para beneficio del Estado.
Entretanto, los pobladores de Falsuri se declararon en emergencia en demanda de la protección de sus áreas agrícolas. “En Falsuri se declararon en emergencia y no van a permitir el loteamiento”, confirmó al respecto Fernández.
Por otro lado, recordó que las áreas más vulnerables a ser loteadas en la región metropolitana son Collpa Pampa en Tiquipaya; Marquina, El Paso y Potrero en Quillacollo. Además, de Falsuri, Charinco y Thiomokho en el municipio de Vinto.
Áreas protegidas
Consultado sobre los loteamientos de áreas protegidas, el asesor de la región metropolitana indicó que existen al menos 200 hectáreas en riesgo. Éstas se encuentran en el Parque Nacional Tunari y el cerro San Pedro.
Una última inspección a la serranía de San Pedro realizada por la concejal María Isabel Caero constató el loteamiento silencioso del bosque nativo considerado Área Nacional Protegida por la Ordenanza 2460/2000. En la zona hay una intensa actividad para abrir vías, instalación de postes de luz, construcciones e incluso cuenta con obras municipales. Según los vecinos, los loteadores “limpian” el lugar los fines de semana y feriados.
OPINAN LOS ANALISTAS Y CONCEJO
JORGE CAMACHO, INVESTIGADOR FAC.ARQUITECTURA UMSS
“El loteador es un sujeto de mil caras”
El loteador es un sujeto de mil caras. Tenemos la imagen de que el loteador es casi un delincuente. No, el loteador también es uno que infringe leyes y legaliza propiedad. (...) Los loteadores tienen la metodología de usar grupos humanos y por fuerza se apropian de un determinado tipo de propiedad que puede ser: privada, comunitaria o áreas municipales. El loteador puede tener hasta una oficina y ser un constructor o abogado.
CARMEN LEDO, INVES., CEPLAG UMSS
“Tiquipaya y el sur, las más vulnerables”
Las áreas más vulnerables que fueron loteadas son Tiquipaya y Colcapirhua. Me da mucho miedo las regiones de Vinto y Sipe Sipe. Además, del sur de Cochabamba, donde, lamentablemente, hay que actuar mucho. Hay que hacer programas de recuperación de suelos. Tiquipaya, porque es la zona de mayor riqueza y potencial productivo. Pero, los loteadores no entran a hacer producción agrícola, sino mansiones.
MARÍA ISABEL CAERO, CONCEJAL DE CERCADO
“Hay especulación de la tierra”
Ya hemos perdido gran parte de las áreas agrícolas en el municipio. Es cierto que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional. Sin embargo, desde mi opinión hay mucha especulación de la tierra porque es una buena inversión. Sobre la agresión que hay a las áreas protegidas, como teóricamente son ilegales el precio es barato. Entonces, hacen la inversión y tienen confianza en que su OTB, con presión, consiga aquello.
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