En lo que va del año, avasallaron 136 terrenos en el sur de La Paz

Descripción

De enero a la fecha, 136 terrenos fueron avasallados —ocupados—en el Macrodistrito Sur de La Paz; siete de cada diez son municipales. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Subalcaldía denuncian que hay bandas organizadas de traficantes de tierras.
El coronel Roberto Arteaga, director de la FELCC de la zona Sur, informó que en el transcurso del año recibieron 35 denuncias de particulares; la dependencia de la Alcaldía reportó la ocupación de 101 terrenos municipales.
“Fueron 35 casos y hubo aprehendidos (no precisó cuántos) porque se los encontró en flagrancia y se los pasó a la Justicia Ordinaria”, señaló Arteaga a La Razón. Para él, la causa es el alza del precio de los lotes.
Víctor Manuel Alarcón, gerente general de la Compañía Nacional de Corredores SRL, indicó que actualmente el precio del metro cuadrado en el macrodistrito oscila entre $us 200 y $us 2.200, dependiendo del barrio. Los predios en San Miguel y Calacoto son los más costosos.
“El precio depende de la ubicación. En un mismo manzano, uno ubicado en la avenida principal costará más que otro situado en un lugar sin mucho movimiento. Los precios siempre han tendido a subir”, agregó el directivo.
Según la Policía, los barrios más afectados por la invasión de lotes son Achumani, Los Rosales, Chasquipampa, Mallasa, Jupapina, carretera a Achocalla (rumbo a El Alto) y Mallasilla; sin embargo, Álex Bolívar, jefe de Fiscalización Predial de la Subalcaldía, explicó que este problema afectó a todos los vecindarios del sur.
“Estos nueve meses atendimos 101 denuncias de ocupación de áreas de propiedad municipal, en el Distrito 18 (Achumani-Irpavi-Bolognia), 19 (Ovejuyo-Calacoto) y 21 (Obrajes, Alto Obrajes, Alto Següencoma)”, comentó el funcionario.
De acuerdo con las dos fuentes, quienes lideran las bandas de loteadores contratan por día —jornal— de diez a 40 personas, las arman con palos, piedras, picos y las llevan hasta un terreno, generalmente baldío, para ocuparlo por la fuerza.
“Por ejemplo un avasallador decide actuar en Huajchilla, encuentra hectáreas que le interesan y las reclama (pelea), unos 1.000 metros más allá, este mismo ciudadano reclama más terreno. Son asociaciones delictuosas que se apropian de tierras”, destacó el coronel Arteaga.
“Están disfrazados de comunarios. Son personas que trafican con tierras y lo que hemos visto es que son clanes familiares, que se trasladan de un lugar a otro en vehículos propios y lo hacen para la compraventa de terrenos, le sacan el beneficio al lugar”, complementó el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la zona Sur, Facundo Hurtado. Por lo general, alegan que sus antepasados son los propietarios y ellos, sus herederos.
El 17 de mayo, un enfrentamiento por la posesión de 3.500 metros cuadrados de tierra en la calle 37 de Achumani dejó un herido de bala.
La Policía informó entonces que Julio Ch., acusado de liderar a los invasores, recibió un disparo de Marco I., miembro de una familia afectada con la ocupación.
El que disparó escapó y fue declarado prófugo de la justicia; sin embargo, jornadas después se presentó a la FELCC. El caso continúa en la etapa de investigación.
Hasta ahora, “han habido heridos leves por pedradas en la cabeza o el cuerpo. No se registraron muertes. Los casos en primera instancia son abiertos por riñas y peleas, y luego por avasallamiento”, indicó Arteaga.
La noche del 27 de abril, dueños de la urbanización Los Pinos se enfrentaron con supuestos loteadores que pretendían cercar un lote de 5.000 metros cuadrados que aseguran que le pertenece a Jorge P.
Mario Andreas, vicepresidente del directorio de Mutual La Paz, dijo que —además de Mutual La Primera— el derecho propietario es de los 200 copropietarios de la urbanización y denunció que Jorge P. contrató unos 60 albañiles, ingresó ilegalmente al lote e inició la construcción de viviendas.
“Hemos presentado una demanda contra este señor por avasallamiento y falsedad material e ideológica. Presentó documentos falsos de un anticipo de legítima suscrito en 1998 por su padre, cuando éste falleció en 1973, es decir después de 25 años hace aparecer un documento con el que han presentado un amparo constitucional”, señaló el entrevistado.
Ediles. En el caso de los predios municipales, sobre todo áreas de equipamiento y aires de río, el perjudicado es el vecindario. “Nos perjudican, necesitamos vías, áreas libres donde pueda alojarse (sic) una posta sanitaria, un retén policial, áreas verdes y más”, dijo Bolívar.
Añadió que “hay grupos de excomulgaros que presentan títulos agrarios, hacen reclamos a nombre de sindicatos o se presentan como exudando Alto Irpavi o Achumani”.
De las 101 ocupaciones ilegales, el funcionario edil destacó la ocurrida hace tres años en Irpavi IBI y el asentamiento ilegal en un playón de Bolognia. En ambos casos levantaron edificaciones precarias.
“Ya están con resolución administrativa para que se recuperen (los terrenos). En Bolognia hay como 28 construcciones”, afirmó.
También se produjo el loteamientos del playón Coqueni, Chasquipampa; otro en el área de equipamiento de la Urbanización El Paraíso, Alto Calacoto; y en parte de la Urbanización Virgen de las Nieves, Alto Irpavi, donde existen unos seis asentamientos clandestinos.
Usurpación y su sanción penal
El artículo 351 del Código Penal establece que comete el delito de despojo quien:
“en beneficio propio o de tercero, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes” y fija una pena de privación de libertad de seis meses a cuatro años.

***(02.11.2014) Aval de planimetrías por otras alcaldías favorece a loteadores.
La aprobación de planimetrías en las áreas en conflicto de límites efectuada por los gobiernos locales vecinos fomenta la ilegalidad en las construcciones y favorece a los loteadores, dijo Jorge Silva, concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Lamentablemente los problemas de límites que tenemos con los municipios vecinos favorecen a los loteadores, quienes, incluso en complicidad con funcionarios municipales, se han dado a la tarea de lotear áreas de equipamiento, áreas verdes y otras que le pertenecen al municipio de La Paz”, apuntó.
De los 433 Procesos Técnicos Administrativos (PTA) iniciados por el Gobierno Municipal de La Paz en 2013 en el Macrodistrito Sur, 153 (35,3%) corresponden a construcciones fuera de norma.
Para Silva, el tiempo que tomaba aprobar una planimetría —hasta 20 años— ocasionaba el hastío de los vecinos, quienes recurrían a las administraciones municipales colindantes para consolidar sus urbanizaciones.
Para agilizar unos 100 trámites, el 15 de octubre, el Concejo aprobó la Ley de Aprobación Extraordinaria de Planimetrías.
El Legislativo también inició conversaciones con municipios vecinos para declarar una pausa administrativa con el objetivo de evitar que se aprueben planos o planimetrías mientras esté pendiente la solución a los conflictos de delimitación.
“Sin embargo, parece que la iniciativa de la pausa administrativa no fue bien recibida. Hay un interés político que nos impide avanzar para zanjar estos problemas”, declaró.
Sin embargo, el subalcalde del Sur, Carlos Urquizo, recordó que está vigente la Resolución Prefectural 121/2009, que dispone la suspensión de todos los procesos técnicos administrativos mientras se busca una solución al conflicto de límites, aunque la disposición tiene vacíos.
“Lamentablemente, la norma solo señala la detención del último recurso de fiscalización, cuando lo correcto sería paralizar también las autorizaciones, pero nadie cumple”, alegó.
El problema más agudo es con Palca, que reclama a La Paz 36.508,39 hectáreas, lo que representa más de un tercio en la mancha urbana y abarca los barrios: Callapa, Alto Irpavi, Irpavi II, Achumani, Ovejuyo, Chasquipampa, Chuquiaguillo y Apaña.
Los problemas jurídicos no afectan solamente a los gobiernos locales, sino a los propietarios o compradores, advirtió Urquizo.
‘No hay cultura de cumplir la norma’
En La Paz, generalmente, los ciudadanos no tienen una cultura de cumplimiento de las normas que regulan la edificación, dijo el presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz, Wálter Hoz de Vila.
Por ello, la infracción más común es la construcción fuera de norma que deriva en la apertura de procesos técnicos administrativos.
“No existe una cultura del cumplimiento de la ley en temas de construcción. Si el propietario de una vivienda pudiera no pagar nada por un trabajo realizado por un arquitecto, seguro lo haría; es por ello que en La Paz existen al menos 37.000 edificaciones fuera de norma que la Alcaldía está tratando de legalizar”, argumentó.
El 6 de junio de este año, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza y una ley que amplían por un año el Proceso Voluntario, Transitorio y Excepcional de Regularización de Edificaciones Fuera de Norma.
Hasta esa fecha, la Alcaldía recibió 12.134 solicitudes de regularización, de las cuales aprobó 6.680 y observó 3.469. Para Hoz de Vila, la Alcaldía también comete errores, entre los que destacó el que desde hace un par de meses la municipalidad ya no pide el visado de los planos de construcción, requisito que en su criterio fue suspendido en forma irresponsable y arbitraria.
“Actualmente no se sabe cuántos arquitectos presentan sus planos y ni siquiera si son profesionales. La Alcaldía no está controlando y cuando no hay una seria fiscalización, también se abre paso a que un vecino haga una construcción a criterio de los maestros albañiles”, advirtió.