Santa Cruz: Policía desaloja a 300 familias de una propiedad

Descripción

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcelo Elío, informó hoy que un contingente de 700 efectivos procedió esta jornada, de forma pacífica, a desalojar a 300 familias asentadas en una propiedad privada avasallada en la zona de Talla Grande, al este de la ciudad de Santa Cruz.
"Estamos ejecutando el operativo de desalojamiento de todo lo que se refiere a la urbanización Italia, estamos ejecutando una resolución constitucional de forma pacífica, pero firme porque no vamos a permitir el avasallamiento de tierras y propiedad privada camuflado bajo alguna bandera política", aseguró Elio.
El operativo es encabezado por el comandante departamental de la Policía, Sabino Guzmán, que conminó a las familias abandonar el lugar y evitar enfrentamientos.
Pese a la advertencia, en un principio, mujeres y niños hicieron una barrera para no ser echados del lugar, por lo que se generaron momentos de tensión que, posteriormente, fueron disipados por las autoridades policiales.
La orden judicial salió en favor de la familia Gómez Clementelli que llevó un proceso durante cinco años en contra de 17 personas que ingresaron por la fuerza en su hacienda en agosto de 2010.
Parte del grupo de avasalladores construyeron casas en el lugar y comercializaron los terrenos a otras familias formando los barrios Italia y La Purísima, sobre una superficie de 34 hectáreas.
Elio afirmó que en la actualidad se desarrolla un juicio contra los avasalladores y anunció que, tras el desalojo, las viviendas serán derruidas para devolver el terreno a sus legítimos propietarios.

La familia Gómez Clementelli, propietaria legal de los predios, sigue un proceso legal contra varias personas que actualmente viven en los terrenos. Los ocupantes ingresaron por la fuerza a las tierras en agosto de 2010, cuando secuestraron a los trabajadores de la hacienda y provocaron destrozos en la infraestructura.

Alberto Gómez, heredero del propietario, dijo que se ingresará a la propiedad, conocida actualmente como barrio Italia y La Purísima, para dar cumplimiento a la sentencia judicial 0525/2013-L para desapoderar 34 hectáreas.

Los acusados por la toma ilegal de los predios son Sonia Suárez, Katherine Montaño Terrazas, Jestin Cabello Virreira, Gustavo Apaza, Melfi Cuéllar, Juan Carlos Saavedra, Jaqueline Rojas Zambrana, Jackeline Mendia Ortiz, Víctor Hugo Barba Salces, Ricardo Moreno Chapana, Humberto Cruz Subirana, Doly Cruz Subirana, Carmen Suárez Chuve y Dora Lorenza Rivero Arias de Paz, según la sentencia constitucional.
El contingente policial se preparó para intervenir en las primeras horas de este miércoles en el distrito policial de la Pampa de la Isla.

*(04.12.2015) Dueño de terrenos en Barrio Italia descarta negociar con los avasalladores.
Carlos Alberto Gómez, dueño de 34 hectáreas que han sido desalojadas en la zona del Barrio Italia y La Purísima, estuvo en La Revista donde señaló que su predio fue tomado violentamente el año 2010 por una organización criminal.
Gomez descartó negociar con los avasalladores quienes ahora quieren comprar los lotes señaló que la demolición de casas seguirá.

*(13.12.2015) Mafias de loteadores lucran millones y golpean la salud de sus víctimas.
Cinco años después de que una multitud se entrara a sus tierras de la zona este de la ciudad, a punta de machetes y dinamitas, patadas y gritos de guerra, Alberto Gómez Clementelli ya no es el mismo.
A sus 38 años de edad parece un hombre que bordea los 45, le extirparon un pulmón, su familia ha perdido por lo menos un millón de dólares en recuperar las 35 hectáreas que fueron avasalladas el año 2010 y sus noches siguen siendo un nido de arañas, porque como él mismo lo ha dicho, cinco años fueron suficientes para perder la inocencia en un país donde la mafia organizada compra conciencias de miembros de instituciones legalmente establecidas.
Todo esto lo ha dicho arropado por más de 2.000 páginas, como documentos que ha venido acumulando a lo largo de estos años negros, en una investigación que dice, revela la existencia de grupos organizados exclusivamente para avasallar terrenos legalmente establecidos, hacer de ellos un botín económico vendiendo lotes a crédito, engordando consorcios jurídicos expertos en triquiñuelas para obstaculizar los procesos jurídicos que las víctimas les iniciaban como única herramienta para buscar justicia y sacarlos de sus tierras que fueron ocupadas.
Clara Mery Mendía sufrió el avasallamiento con despojo de su terreno de 300 metros cuadrados ubicado en la urbanización Paraíso Azul. Desde entonces no puede conciliar el sueño con normalidad, permanece con los ojos abiertos de noche y cabecea de día en el trabajo.
Para no caer rendida empezó a tomar tabletas que le permitan resistir la bronca de sentirse amenazada por los avasalladores. “Me llamaron para decirme que mi hija pagaría caro por oponer resistencia y denunciarlos ante las autoridades. Los loteadores son una mafia apoyada por una superestructura jurídica”, denuncia esta mujer.
Jorge Mariano Zambrano Parejas aún guarda los malos recuerdos de cuando en el 2012 sufrió el avasallamiento de su propiedad la Isla del duende. Tardó un año y medio en que el INRA, mediante un saneamiento, le dé el aval para que recupere su tierra.
Pero en ese tiempo casi muere. Estuvo 75 días internado a causa de un pre infarto que sufrió después de que los mismos avasalladores le abrieron un proceso por abigeato. “Me acusaron de robar mi propio ganado, el que yo tenía en mi propiedad”, recuerda y tampoco esconde que su esposa, presa del estrés, sufrió pérdida de la memoria.
Para no sentirse solos, para sumar fuerzas, para enfrentar a esa superestructura organizada para traficar con tierras, las víctimas de los loteamientos han conformado la Asociación de Predios Productivos Avasallados (Appa), que hasta la fecha ya ha cosechado varios frutos. Solamente en la zona rural han conseguido desalojar en dos años 120 propiedades, apelando a juicios burocráticos que demandaron mucho dinero en los trámites.
Una mafia
Las investigaciones de esta asociación han conseguido revelar la existencia de una superestructura organizada para traficar con tierras, una realidad que ha sido confirmada por el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, que dijo a EL DEBER que han aparecido delincuentes avasalladores por la fuerza de tierras ajenas, echando de sus casas a los propietarios y después vendiéndolas a terceras personas. “Es una cadena que ha generado mucho dinero para quienes cometieron este acto ilícito”, aseguró.
Estas mafias, según Elío, han gozado de la protección de jueces y fiscales, de consorcios de abogados que atendieron esos casos y que incluso falsificaron documentación.
Según el viceministro, los avasalladores no solo han perjudicado a los propietarios de los terrenos adonde se entraron, sino que han estafado a gente que fue sorprendida en su buena fe adquiriendo terrenos ajenos, generando así recursos económicos como para corromper a jueces y fiscales que han estado haciendo bastantes procesos de una manera perniciosa. “Hemos detectado que es un mismo juez el que por una parte da el derecho propietario y que por otra lo quita. Hay esas actitudes nada profesionales en la justicia”, lamentó.
Gómez, Zambrano y otras víctimas de los avasalladores han reunido documentos para demostrar cómo opera y se fortalece esta actividad ilícita. El primer paso que ejecutan, coincidieron, es que los loteadores seleccionan un predio que tiene documentación o que esté en fase de urbanización. “El objetivo es obstaculizar ese proceso para después ellos explotar ese terreno vendiéndolo en lotes, en calidad de posesión, y prometiendo a los incautos que cuando consoliden el barrio podrán tramitar los papeles de propiedad”, asegura Gómez.
También sostiene que ingresan a los predios con violencia, con armas blancas y de fuego, alcoholizados, amedrentando y sacando a los dueños a golpes y amenazas. Después, abren calles, parcelan el terreno y comercializan los lotes al crédito. Aquí, asegura, empieza el gran negocio, porque endulzan a terceras personas con ofertas tentadoras, pero cuando el comprador no puede seguir pagando las cuotas, les quitan el terreno y lo venden a un nuevo comprador.
El movimiento económico es tan grande que solo en el caso de los terrenos de Cadepia, cuyas 70 hectáreas fueron avasalladas y después de varios años recuperadas hace poco más de un mes, representantes de esta institución consideran que la venta de los lotes que fueron parcelados generó un movimiento económico de $us5 millones.
Después, señala el informe de los miembros de la Asppa, los loteadores inician procesos jurídicos en contra del propietario acusándolo de delitos que no ha cometido, con el fin de que gaste dinero en abogados, descuide su patrimonio y se debilite económicamente para que no pueda enfrentar procesos judiciales en contra de los avasalladores.
Por último, aseguran los miembros de Asppa, envían emisarios para ofrecerle al propietario una mediación, para que ambos desistan de los procesos y consideren la propuesta de una compra del terreno a precio de gallina muerta.


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