Caso Falsuri: Solicitan proceso penal contra gran loteador e implican a altos dirigentes campesinos

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La Gobernación de Cochabamba informó ayer que pidió al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que inicie un proceso penal contra una persona identificada como Abraham Chipana por su presunta implicación en un caso de tráfico de tierras en el municipio de Quillacollo, según reportó la agencia ABI.
“Hemos solicitado al INRA que inicie un proceso ante las instancias judiciales correspondientes por tráfico de tierras contra Abraham Chipana Chipana”, manifestó el asesor de Gestión de Desarrollo de la Región Metropolitana de la Gobernación, Omar Fernández.
Según Fernández, el denunciado tomó posesión de 129 hectáreas de una hacienda privada denominada Falsuri, el Proyecto Hidroeléctrico Misicuni y el Parque Nacional Tunari, con títulos de propiedad fraguados hace más de un año para dividirlas en 1.800 lotes que luego puso a la venta.
“Este señor se ha dedicado a vender lotes divididos en 300 metros cuadrados a 6.000 y 7.000 dólares (...). Es un negociado millonario porque si se concreta dejará una ganancia de 10 millones de dólares”, sostuvo.
Fernández dijo que la solicitud al INRA incluye una recomendación para investigar a dirigentes campesinos. “Creemos que en el tema del encubrimiento están involucrados altos dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Central Campesina de Quillacollo, en especial Máximo Vegamonte porque hizo certificaciones a favor del loteador”, aseveró.

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