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Juzgado dispone toma por la fuerza del Hípico

12:36 Nov 10 2015 Hipódromo Cochabamba

Juzgado dispone toma por la fuerza del Hípico
Descripción
Los socios del Club Hípico de Cochabamba se declararon en emergencia y estado de alerta permanente ante la posible ocupación de sus terrenos, mediante el uso de la fuerza, para la construcción del estadio El Batán, según lo dispone una resolución judicial emitida el pasado 4 de noviembre.
La información la dio a conocer ayer el vicepresidente del Club Hípico, Ricardo Ureña Rocabado, quien explicó que se trata de una resolución emitida por el juez XII de Partido en lo Civil de Cochabamba, Édgar Balderrama.
Según Ureña, la resolución dispone la realización de “minutas traslativas”, esto es la entrega de los predios del Club Hípico al Ministerio de Obras Públicas, de ser necesario, mediante el ejercicio de la fuerza pública en tres días, un plazo que ya habría sido cumplido.
Ureña agregó que una vez conocida la resolución, los socios se han declarado en emergencia reuniéndose cada noche en ambientes de la sede del club, y que además presentaron tres memoriales para apelar la resolución judicial ante el mismo juzgado. El primero de estos memoriales fue presentado el pasado 7 de noviembre y los otros dos, ayer.
“Estas apelaciones apuntan a mostrar que no se han cumplido los pasos formales. Ni siquiera han respetado su propia ley 668”, dijo Ureña, en alusión a la norma del pasado 24 de marzo, que declara de utilidad y necesidad pública la expropiación de un predio en la ciudad de Cochabamba para la construcción del estadio El Batán.
Recordó que uno de los parágrafos del artículo 3 de dicha ley establece que previamente a la expropiación deberá llegarse a un consenso sobre el avalúo de los predios, una fase que para los socios nunca fue zanjada con satisfacción.
“Sin embargo, estamos viendo que últimamente el Juzgado está fallando a favor del Ministerio de Obras Públicas”, añadió.
Incertidumbre
Hasta anoche, los socios no habían recibido ninguna respuesta formal a las apelaciones, por lo que, según Ureña, había incertidumbre sobre el camino legal que asumiría ahora la parte demandante.
Mientras tanto, los socios acordaron una nueva asamblea extraordinaria para hoy a las 19:00 en la sede en cuestión para definir nuevas vías legales a las que recurrir.
Ureña consideró también que la resolución del 4 de noviembre contradice completamente a otra emitida por el mismo Juzgado XII el pasado 22 de octubre, que establecía que no se podía ejecutar el traslado de minutas en el Club Hípico, debido a que esta medida afectaría a terceros.
“En el club hay actividades deportivas, fútbol, tenis, equitación. Hay incluso animales. No sé si sería posible una intervención mediante el uso de la fuerza”, lamentó.
“Se trataría de un operativo muy subjetivo, en este momento el juez no tendría competencia para firmar este tipo de resoluciones. Hemos presentado unos memoriales de impugnación a esta arbitrariedad y atropello abusivo que nuestra institución está sufriendo”, agregó.
Para la construcción de el batán
La Ley 668, aprobada el pasado 24 de marzo, declaró como necesidad y utilidad pública la expropiación de predios para la construcción del estadio El Batán en Cochabamba y ordenó identificar los predios requeridos para la tarea, con miras a los Juegos Odesur, que se celebrarán en esta región en 2018.
El Ministerio de Obras Públicas identificó como sitio ideal los predios del Club Hípico, que cuenta con 175.404 metros cuadrados, un espacio apto para la construcción de un estadio con capacidad para 60 mil espectadores.
Según versiones de prensa, el Ministerio consideró que el pago por los predios seleccionados puede llegar a los 32 millones de bolivianos considerando un avalúo realizado antes por la Alcaldía de Cercado.
Justamente, la instancia municipal sería la encargada de indemnizar a los propietarios, mientras que el Ministerio de Obras Públicas se encargaría de la construcción del proyecto.
Los propietarios del Club Hípico han presentado varios recursos de apelación, incluyendo una acción de inconstitucionalidad, que más tarde les fue rechazada por el Ministerio de Obras Públicas y posteriormente por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
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